Más coherencia

Me temo que voy a seguir con mi batalla particular de reivindicación de la coherencia, a sabiendas de que estamos dando vueltas sobre el mismo punto. Me refiero esta vez a "la liebre" que ha levantado Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura, una de las pocas voces, no disidentes, sino divergentes dentro del PSOE. Dice, cargado de sentido común, que no podemos quedarnos tan frescos ante una legislación que permite a una niña de dieciséis años poner fin a un proceso de gestación, al mismo tiempo que le impide comprar una cerveza para irse de botellón. Y aparentemente tiene razón. Al menos, no es demasiado razonable. y precisamente por eso apelaba de nuevo al tema de la coherencia, pues hay mucho de ello implicado en esta reflexión.

En alguna otra ocasión he hecho mención a lo difícil que es mantener posturas de cohrencia, sobre todo cuando nos movemos en temas diversos que normalmente se abordan desde opciones éticas diferentes. Por ejemplo, pretendemos ser garantistas cuando concedemos a un niño de 16 años suficiente capacidad para tomar algún tipo de decisión. Es lo que se llama la "doctrina del menor maduro", que se ha utilizado con frecuencia en el campo de la biomedicina, aunque no sea estrictamente originaria de ella. De ahí que, como ya apuntara la Ley de Autonomía del paciente, un niño con 16 años puede particitar activamente en alguno de los procesos de toma de decisión concernientes a temas de salud. Siguiendo la lógica interna de la doctrina citada, un menor puede estar capacitado aunque legalmente no tenga mayoría de edad. Sería algo así como reconocerle una mayoría de edad "moral" que, y aquí está el gran problema, no habría de suponerse por el hecho de tener 16 años, sino más bien tendría que demostrarse. Esto es, que exepcionalmente un menor puede tener más madurez que aquella que su edad le supone y en ese supuesto, insisto, en ese supuesto, tendría todo el derecho a que se la respetase. De esta misma doctrina participa el derecho a la libertad sexual, que se reconoce a partir de la toma de conciencia del derecho.

Pero resulta curioso ver cómo esta doctrina no está presente de igual modo en todos los supuestos legales. Hay situaciones en las cuales la ley no concibe la capacidad del menor en casos excepcionales. Y este es el caso de la prohibición de venta de alcohol o tabaco a menores de 18 años. En este caso es la sociedad la que reconoce "de facto" el derecho y permite a los menores el acceso al alcohol, al tabaco y demás divertimento. No obstante la ley se mantiene bastante inflexible al respecto. ¿Qué hay de fondo? Una total falta de coherencia. Lo curioso es que desde el mismo gobierno se mantienen con firmeza las posiciones contradictorias. Y lo que es más grave, nadie parece alarmarse por ello.

Si tuviera que definirme, siempre abogaría por un gobierno que no fuese excesivamente paternalista, y no se empeñase en aniñar a los que ya no son tan niños. Porque, ojo, luego viene como consecuencia lógica la legislación en torno al menor, y eso sí que es un problema. Abogaría por un estado que fuese capaz de reconocer la excepciones dignas de excepción, valga la redundancia. Pero me temo que esta postura es la más complicada y, a la larga, la menos práctica, pues somos muy dados a dejarnos llevar por el "efecto dominó" de la excepción y llegaríamos fácilmente a la conclusión de que si un menor con 16 es capaz para tomar una decisión madura, todo menor de 16 tendrá derecho a que se le reconozca esa capacidad. Evidentemente eso es imposible de creer, pero será lo más probable que ocurra. Tiene entonces uno la tentación de ser conservador y pedir el concurso paterno, aunque podría implementarse alguna vía de salida, aunque sea la judicial. Esto contradiría la tendencia a no judicializar este tipo de cuestiones, pero ya nos dice la experiencia que hay mucho psicólogo progre dispuesto a firmar un documento acreditativo de una madurez inexistente en un menor. ¿Acaso no es algo parecido lo que ha ocurrido con la actual ley del aborto? El problema de muchos de esos progres es que no se dan cuenta que con la trivialización de los procesos se le resta credibilidad a sus actos y siguen pagando los de siempre, los más débiles. En este caso, niñas asustadas, o imprudentes, o perdidas, que no serán luego ni consoladas, ni asesoradas, ni apoyadas. Cargarán con un acto que requiere plena madurez, cuando aún no se han enterado de qué va la vida. Eso sí, Pepito grillo puede estar tranquilo, ¡no irán a la cárcel! Como si nuestras cárceles estuvieran repletas de mujeres que han practicado abortos. Demasiado frívolo, y se sigue pasando de puntillas por lo importante y es que el aborto es un delito que, en nuestro país, bajo ciertos supuestos, no se penaliza. No es un derecho de nadie. Requiere madurez y apoyo, y ambas cosas han de estar garantizadas. Si no hay madurez suficiente, estamos cometiendo un tremendo despropósito. No podemos pasar por alto que el aborto es el fracaso de un proyecto de vida y no deja de serlo por mucho maquillaje que se le ponga. Y tranquilo, Pepito grillo, que yo tampoco quiero que las niñas vayan a la cárcel por estas cosas. Ahora, te juro que me encantaría que fueran al colegio durante más tiempo y que lo aprovecharan al máximo, poniendo fin al desastre académico en el que nos vemos sumidos. Puede que solucionasemos mucho más que con una modificación de la dichosa ley del aborto.